Blog

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el ahorro medio de la rebaja del IRPF apenas será de 170 euros anuales por contribuyente, como resultado de aplicar el coste de la reforma entre los 19,3 millones de declarantes y los 8,5 millones de pensionistas y trabajadores que no presentan declaración por no estar obligados.

En un comunicado, Gestha señala que, teniendo en cuenta el coste de 4.800 millones de la medida, su impacto sobre la recaudación anual del IRPF será del 6,8%, tomando como referencia los 69.951 millones recaudados en 2013 por este impuesto.

Por tanto, estos datos evidencian que las medidas son más bien “retoques puntuales” y no una auténtica reforma completa del sistema tributario para garantizar los principios de suficiencia y equidad, lo que también permitiría el cumplimiento del objetivo de déficit, que Bruselas ya ha avanzado que no está asegurado con las medidas aprobadas por el Gobierno.

Gestha también recuerda que la progresividad es la “gran perjudicada” de esta reforma, al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF, ya que los principales beneficiarios de la reforma no sumarán más de 73.000 contribuyentes -los que ingresan más de 150.000 euros anuales- que suponen en torno al 0,3% del total de declarantes.

En esta misma línea, las inversiones especulativas pasan a formar parte de las rentas del ahorro en lugar de la escala general, por lo que su carga fiscal será menor, con los efectos negativos que conlleva para la equidad.

Gestha ve “con buenos ojos” el fin de las ganancias patrimoniales que se producían en la dación de una vivienda habitual en pago de deudas, aunque reclama al Gobierno que anticipe un año la entrada en vigor de forma retroactiva al 1 de enero de 2014, para que no se les exija pagar impuestos a quienes están siendo desahuciados este año.

CELEBRA LA LIMITACIÓN DE PLANES DE PENSIONES

También considera que la rebaja hasta 8.000 euros en la aportación máxima de los planes de pensiones es un “pequeño paso” para reducir “tímidamente” la regresividad de la desgravación que utilizan con mayor intensidad las personas con mayores ingresos. De hecho, esta rebaja apenas va a afectar “de media” a los 3.384 personas que declaran ganar más de 600.000 euros.

Por otro lado, los Técnicos de Hacienda señalan que restringir la estimación por módulos a los empresarios que vendan menos de 150.000 euros al año y destinen más de la mitad de sus ventas al consumidor final cumple el principio constitucional de contribuir conforme a la capacidad económica real y es más justo que tributar conforme a unos índices que marca el Gobierno obtengan más o menos beneficios o pérdidas. Sin embargo, Gestha no entiende por qué la medida no puede entrar en vigor en 2015.

En cambio, cree que la entrada en vigor en julio de la reducción de la rebaja de retenciones a profesionales que ganen menos de 12.000 euros brutos anuales es “engañosa” porque, al no modificarse la tarifa en 2014, en el segundo semestre de este ejercicio se les retendrá menos, lo que provocará que en la declaración de la renta de junio del próximo año tendrán que ingresar más u obtendrán una menor devolución.

NUEVO APOYO A LA BANCA

Por otro lado, los Técnicos de Hacienda ven un nuevo apoyo gubernamental a la banca al mantener su tributación en el 30%, porque someterlas al 25% exigiría recalcular los créditos fiscales, conocidos como DTA, que ascendían a 38.377 millones en 2011.

Sobre la supresión del límite temporal de 18 años para deducir las bases imponibles negativas, al margen de beneficiar a las grandes empresas, supone el fin del riesgo para el Estado por la concesión del aval de 30.000 millones de euros concedido a la banca por los créditos fiscales, y que Europa estudia que deben incluirse en el cómputo del endeudamiento público.

ELEVAR EL TIPO A GRANDES CORPORACIONES

No obstante, Gestha propone que se debería elevar el tipo nominal hasta el 35%, para grandes corporaciones empresariales a partir de un millón de euros anuales en beneficios para elevar la carga del impuesto que es de solo un 3,5% sobre el resultado contable.

Igualmente, consideran que el cambio en la regla de localización del IVA de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica para que estas operaciones tributen en la sede del cliente supone un paso en la buena dirección, con el que se logrará reducir la elusión de las grandes compañías, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015.

(europapress.es 23.01.14)

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha destacado hoy que el 80 % de las indemnizaciones por despido que fueron abonadas en 2012 seguirían exentas del pago de impuestos con los criterios incluidos en el anteproyecto de ley de la reforma fiscal.

En declaraciones a “Los desayunos de TVE”, Ferre ha puesto este ejemplo para hacer hincapié en que sólo “una parte reducida” de las indemnizaciones por despido que se paguen a partir del 20 de junio de este año van a tener que tributar conforme a lo establecido en la reforma fiscal.

Ha recordado que dichas indemnizaciones sólo pagarán IRPF a partir de 2.000 euros por año trabajado, lo que supondrá que los trabajadores que tienen un sueldo de 20.000 euros al año estarán exentos.

Según ha dicho, el cambio obedece a una “razón de justicia tributaria”, ya que la experiencia de Hacienda es que muchas veces las salidas pactadas entre una empresa y trabajadores con sueldos elevados se “han camuflado fraudulentamente” como despidos improcedentes para que les quedara un mayor importe neto.

(expansion.com 24.06.14)

La reforma fiscal incluirá relevantes modificaciones en la Ley General Tributaria.  El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, señaló que esta medida persigue reducir la elevada litigiosidad que se deriva de los procesos inspectores y ofrecer mayor seguridad jurídica.

Actualmente, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inicia una inspección a una empresa o particular tiene 12 meses para concluirla. Sin embargo, ese límite suele sobrepasarse a menudo ya que la Administración puede suspender el plazo cuando, por ejemplo, detecta que el contribuyente está demorando la entrega de documentos reclamados por la inspección. Ello genera una gran litigiosidad. Las empresas suelen recurrir las suspensiones de plazo y no es extraño que los jueces acaben anulando actas de liquidación a favor de Hacienda por superar el plazo de los doce meses.

Ante esta situación, la reforma que se ha remitido a información pública contempla la ampliación del plazo a 18 meses y un mayor detalle sobre las circunstancias que pueden suspender ese plazo. De allí, que Hacienda argumente que el cambio normativo generará una mayor seguridad jurídica y reducirá la litigiosidad.

Por otra parte, el anteproyecto de Ley de la nueva reforma fiscal señala que se dará publicidad de forma periódica a las situaciones de incumplimiento “relevante” de las obligaciones tributarias a través de una lista en la que se identificará a los deudores con nombres, apellidos y NIF o bien la razón o denominación social en el caso de ser empresas. Es la lista de morosos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace ya más de un año.

En dichos listados se incluirá el importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago y se referirá a los tributos de titularidad estatal, ya que no se ha delegado esa competencia a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos.

La publicación periódica de estos listados se referirá a los defraudadores con deudas que superen el millón de euros y para los casos en los que además haya transcurrido el plazo de ingreso establecido para abonarla. No se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.

Asimismo, los defraudadores afectados tendrán un mes de plazo para recurrir su incorporación a la lista y acreditar que los datos publicados no son exactos. Según consta en el anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria se establecerá, a través de un reglamento, la fecha de publicación de la lista, los medios de publicación, así como el momento en que deba procederse a la cancelación de los datos.

Otro de los objetivos de la reforma de la Ley General Tributaria es lograr que las deudas fiscales se ingresen. Para ello, se fijarán las reglas para el cobro en vía administrativa de deudas fiscales que han derivado en delito. Hasta la aprobación a finales de 2012 de la nueva ley contra el fraude, cuando Hacienda detectaba que un fraude era constitutivo de un delito fiscal, debía paralizar la vía administrativa y remitir el caso a la vía penal. Ello demoraba el cobro de las deudas, que quedaban en un limbo a la espera de una sentencia que podía durar muchos años. La ley contra el fraude fiscal modificó esta situación y la reforma que aprobará el Gobierno establecerá las condiciones para que el cobro en vía administrativa de delitos fiscales sea posible.

Por otra parte, los inspectores de Hacienda contarán con otra poderosa arma y es que Hacienda fijará la imprescriptibilidad del derecho de la Administración a comprobar créditos fiscales de ejercicios prescritos. Y en el impuesto sobre sociedades, se establece mayor control sobre la deducibilidad de gastos fiscales.

Una lista anual de paraísos fiscales

En el año 1991, el Gobierno publicó una lista negra de paraísos fiscales que incluía a 48 territorios. Actualmente, cuando uno de estos países firma un convenio de doble imposición con España que incluya intercambio de información fiscal sale automáticamente de la lista negra. Sin embargo, una cosa es firmar un convenio y otra muy distinta es cumplirlo. Así, la reforma fiscal que aprobará el Gobierno contempla que la lista de paraísos fiscales se actualice anualmente, con la posibilidad de incorporar a países que no estén cumpliendo los acuerdos de intercambio de información fiscal.

El hecho de aparecer en la lista de paraísos fiscales supone un importante hándicap para las empresas y contribuyentes españoles que invierten o realizan negocios en esos países ya que no pueden aplicar los beneficios fiscales que contempla la legislación en el impuesto sobre sociedades o en el IRPF.

En los últimos años, los convenios de doble imposición se ha disparado por la presión internacional contra los territorios opacos. España ha rubricado acuerdos desde 2009 con más de una veintena de países que formaban parte de su lista negra: Trinidad y Tobago, Barbados, Luxemburgo, Panamá, Andorra, Bahamas, Bahrein, Barbados, Kong Kong, Islas Caimán o Isla de Man son algunos de los territorios que ya han rubricado o están en proceso cerrar un acuerdo de intercambio de información fiscal.

A partir de ahora, la Agencia Tributaria comprobará que lo firmado en un papel se cumple cuando la Administración española solicita información tributaria.

(cincodias.com 23.06.14)

El Ejecutivo anunció el viernes que aprovechará la aprobación de la reforma fiscal para hacer pública la lista de personas y empresas que tienen deudas con Hacienda. “Pretende ser un elemento adicional a la reforma fiscal, sin menoscabar los derechos de los contribuyentes, ya que se garantiza el secreto fijado por la Ley Tributaria”, subrayó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con esta medida, Hacienda recupera un viejo proyecto aparcado a finales de 2012. Fuentes del Ejecutivo consideran que el proyecto pondrá más acento sobre los morosos y no tanto sobre los defraudadores, puesto que la identidad de estos acaba haciéndose pública una vez que se dictan las sentencias judiciales. En el caso de los morosos, su nombre, tal y como establece la Ley General Tributaria, solo se podrá publicar cuando se encuentre en la fase de embargo.

Montoro avanzó que la publicación del listado de morosos no será inmediata, puesto que para ello es preciso modificar la normativa tributaria, ya que actualmente no permite hacerlo público, y que servirá para generar un castigo social. “Se conocería quién está pendiente de pago y se ayudaría a reducir la lista de morosos, que se tendrían que poner al día. Con esta medida se fortalecería la relación con el contribuyente y la financiación de los servicios públicos”, subrayó.

Esta será una de las soluciones de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, cuyo detalle se dará a conocer el próximo lunes. Todo apunta a que los planes de actuación servirán para desarrollar las medidas ya anunciadas en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014. Entre ellas destaca una selección adecuada de los contribuyentes a los que se va a cometer a un estricto control. En este ejercicio, las autoridades van a hacer hincapié en la investigación sobre los perceptores de subvenciones públicas y sobre aquellos contribuyentes en los que el nivel de renta y patrimonio declarado no coincidan con los signos externos de riqueza.

Otra de las líneas de trabajo prioritarias para Hacienda es la puesta en marcha de una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida. Con ese objetivo se reforzarán las actuaciones de prevención y control a través de la detección precoz de actividades ocultas. También se potenciarán actuaciones presenciales en aquellos sectores en los que se aprecie una especial percepción social sobre la existencia de elevados niveles de economía sumergida. Así, está previsto que se realicen inspecciones rutinarias con el fin de hacer un estrecho seguimiento a prácticas fraudulentas, como manipulación de los libros de contabilidad o de los libros registro, así como la llevanza de una doble contabilidad o la ocultación parcial de la actividad.

Los inspectores centrarán también su trabajo en el análisis detallado de las facturas y los medios de pago utilizados por particulares y empresas para verificar que se esté cumpliendo la limitación de pagos en efectivo, fijada por ley en 2.500 euros para rebajar la economía sumergida.

(cincodias.com 20.06.14)

El Impuesto sobre Sociedades bajará al 28% en 2015 y al 25% en 2016, frente al tipo del 30% actual, mientras que las pymes podrán rebajar su gravamen hasta el 20% –frente al 25% actual– siempre que se apliquen dos deducciones de nueva creación para favorecer la autofinanciación y el endeudamiento empresarial.

Así lo trasladó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado el anteproyecto de reforma fiscal, donde también destacó que la rebaja de este impuesto trata de aproximar la base imponible a lo que es el tipo efectivo del impuesto.

Por ello, indicó que se suprimen algunas desgravaciones, aunque no concretó cuáles, mientras se refuerza la deducción por inversión en I+D+i y se incluye una nueva desgravación por reserva de capitalización, de tal manera que las empresas podrán destinar el 10% de su beneficio a provisiones o recursos propios para promover su autofinanciación y reducir su endeudamiento.

Además de esta deducción, para las pymes se introduce también una desgravación con el mismo objetivo para que durante cinco años puedan hacer provisiones y reducir su tarifa fiscal, de tal manera que las pymes que hagan uso de estas dos deducciones, que no exigirán obligatoriedad de inversión, tributarán a un tipo del 20%.

Al mismo tiempo, la reforma del Impuesto de Sociedades mantiene la fiscalidad reducida del 15% para nuevos emprendedores, que ya introdujo el Gobierno en la nueva ley de emprendedores.

(europapress.es 20.06.14)

El tipo máximo bajará del 52% al 45% y se empezará a aplicar a partir de 60.000 euros

Los sueldos más bajos son los más beneficiados por los cambios tributarios

La reforma fiscal que presentó el viernes el Gobierno y que hoy detallará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, beneficia especialmente a las rentas muy bajas y muy altas si se compara lo que pagarán en 2016 –cuando culminan los cambios introducidos– respecto a la tributación actual. Aun así, los sueldos muy elevados sufrirán una mayor presión fiscal con el nuevo IRPF frente al que dejó el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2011, al final de la anterior legislatura, el impuesto sobre la renta contaba con seis tramos con tipos que iban del 24% para los primeros 17.700 euros de base imponible hasta el 45% para rentas superiores a 175.000 euros. Ahora, el tipo máximo bajará del 52% vigente y volverá al 45% en dos años, sin embargo, ese porcentaje se empezará a aplicar a partir de 60.000 euros. Un contribuyente soltero y sin hijos que tenga una base imponible de 200.000 euros paga hoy 86.856,3 euros de IRPF, una cifra que bajará hasta los 83.519 euros en 2015 y los 79.922,8 euros en 2016. Así, en 2016, este declarante pagará un 8% menos que ahora. Sin embargo, la cuota tributaria será un 1,3% superior a la vigente en 2011, cuando un declarante con estas características abonaba por renta 78.930 euros. Estas cifras pueden variar ligeramente en función de los cambios que detalle hoy el Gobierno en la reducción por rendimientos del trabajo que se aplican todos los asalariados y en el mínimo personal de 5.151 euros.

Estas modificaciones no evitarán que las rentas muy altas sean las únicas que en 2016 paguen más que al principio de la actual legislatura. En cualquier caso, la reforma fiscal, supone para los tramos altos una reducción muy importante respecto a la tributación vigente que está afectada por la subida fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012 y que supuso elevar hasta siete puntos –del 45% al 52%– el tipo máximo del IRPF.

Las rentas bajas aparecen en todas las comparaciones posibles como las principales beneficiadas. Un asalariado con una base imponible de 12.000 euros (equivale a un salario bruto de 15.600 euros) paga hoy 1.695 euros por IRPF, una cifra que bajará a 1.370 euros en 2015 (un 19,2% menos) y a 1.301 euros en 2016 (23,2% menos). Respecto a 2011, la cuota tributaria será un 20,8% inferior en 2016. La rebaja fiscal se atenúa en las clases medias. Una base imponible de 40.000 euros abonará por IRPF 9.522 euros en 2016, un 4,3% menos que en 2011.

Los datos de la Agencia Tributaria reflejan que son las clases medidas quienes soportan el peso del impuesto. El 66% de los contribuyentes declara menos de 20.000 euros y aporta el 12,6% de los ingresos. Las rentas entre 21.000 y 60.000 euros suman el 30% de los declarantes y cargan con el 52% de la recaudación. Por encima de 150.000 euros, solo se encuentran 73.781 declarantes de los 19,4 millones de contribuyentes del impuesto. Es decir, el 0,38% del total. Este colectivo tan reducido aporta el 11,8% de los ingresos por IRPF, que alcanzan los 70.000 millones.

Según los cálculos del Gobierno, la reforma fiscal que aprobará el Gobierno este año supondrá una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes. Además, como ya anunció Rajoy, el nuevo IRPF dejará exentos de tributación a los declarantes con sueldos inferiores a 12.000 euros. Una medida que, según Hacienda, beneficiará a 1,6 millones de contribuyentes. Actualmente, los asalariados que no llegan a 11.200 euros tampoco tributan.

(cincodias.com 24.06.14)

El Gobierno ha decidido aprovechar la reforma fiscal para aliviar el castigo que la normativa tributaria infligía a dos grupos de víctimas de la crisis económica de los últimos años. De un lado, los deudores hipotecarios que se veían obligados a entregar su casa por no poder pagar la hipoteca, pues la norma tributaria venía a interpretar que con la dación en pago lograban plusvalías y además de perder la vivienda tenían que pagar a Hacienda por ello. De otro, las víctimas de la inversión en preferentes, pues la norma restringía mucho la posibilidad de compensar sus perdidas.

Hacienda ha llegado a la conclusión de que ese tratamiento fiscal no era el más apropiado y en ocasiones venía a agravar el drama que atravesaban algunos damnificados de la crisis. Por eso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido corregir esa situación en la reforma fiscal que el viernes estudió el Consejo de Ministros y que se conocerá hoy con mayor detalle.

La situación es especialmente sangrante en el caso de quienes se ven forzados a entregar su casa por no poder pagarla. Con carácter general, cuando un contribuyente ofrece su vivienda para saldar la deuda hipotecaria ante la imposibilidad de afrontar el pago, Hacienda interpreta que obtiene una ganancia sujeta al IRPF si el valor total de la deuda pendiente que se cancela supera el valor de adquisición de la vivienda.

Esta ganancia se integra en la base imponible del ahorro, al derivarse de la transmisión de un inmueble por el contribuyente. El Gobierno ya dio un primer paso al declarar exenta del IRPF esa ganancia patrimonial en las daciones en pago de hipotecas para compra de vivienda habitual de los contribuyentes situados en el llamado “umbral de exclusión”.

La reforma alivia la situación de las víctimas de preferentes

Pero la restrictiva definición de ese umbral (con límites de renta, exigencia de que todos los miembros de la familia estuvieran en paro o fueran inactivos y otros requisitos) dejaba fuera a muchos supuestos en que el contribuyente no solo perdía su casa sino que además tenía que pagar impuestos por unas plusvalías que solo eran reales en los ordenadores de Hacienda. Ahora, esa supuesta ganancia patrimonial se declarará exenta aunque los afectados no estén en el umbral de exclusión, según fuentes conocedoras de la reforma.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calcula que, según los datos de Banco de España, unas 15.000 familias al año se podrían beneficiar de este cambio fiscal que les permitirá ahorrarse unos 10.000 euros de media.

El Gobierno pretende que la medida entre en vigor cuanto antes

Las situaciones potenciales de aparente injusticia son tan clamorosas que el Gobierno está estudiando no esperar a que el grueso de la reforma entre en vigor en 2015, sino que se plantea aprobarlo por decreto, junto a otras medidas tributarias, para que se aplique ya desde julio.

Otro tratamiento fiscal aparentemente injusto es el relativo a los afectados por las preferentes. Hacienda ha decidido que los rendimientos de capital negativos de participaciones preferentes podrán servir para compensar ganancias patrimoniales que tengan los afectados por otras actividades.

Con el régimen actual, cuya interpretación dejó clara la Dirección General de Tributos, en el canje de preferentes tributaba de manera diferente la quita impuesta por Bruselas y la posterior ganancia o pérdida patrimonial por la venta de las acciones recibidas. A efectos prácticos, en casos como Bankia, donde las acciones han subido con fuerza tras el canje por las preferentes (que incluían una quita), podría darse el caso de que un contribuyente no tuviera cómo deducir las pérdidas de las preferentes y sí se viera obligado a tributar por las plusvalías de la venta de las acciones que en realidad lo que hacen es reducir las pérdidas originales. Eso es lo que se trata de evitar.

Estas dos medidas están entre las novedades de la reforma fiscal que se conocerán hoy, después de que el Gobierno presentará el pasado viernes las líneas generales de la reforma fiscal que incluye como medida estrella una rebaja del IRPF para casi todos los contribuyentes.

Hacienda ha reducido tanto los tramos como los tipos del impuesto. Ha previsto que la rebaja media será del 12,5% pero aún están pendiente de aclarar los cálculos.

Entre las incógnitas sin desvelar aún están cómo quedará el mínimo personal —de 5.151 euros con carácter general y uno de los instrumentos que afectan a la progresividad del sistema—. También tiene que explicar qué hará con la reducción del rendimiento del trabajo (2.652 euros) que afecta a la cuota íntegra del IRPF.

(elpais.com 22.06.14)

Los trabajadores autónomos con rentas de hasta 12.000 euros podrán beneficiarse de menores retenciones fiscales en el IRPF a partir del próximo mes de julio, en lo que será el primer paso de la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha cifrado el coste bruto de la reforma en unos 9.000 millones de euros en los próximos dos años, lo que no implica “de ningún modo” que se vaya a reducir el gasto público en la misma medida.

AHORRO DE 300 EUROS

La rebaja de retenciones fiscales supondrá un ahorro en los próximos seis meses de entre 250 y 300 euros para cada beneficiario, según cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) . En España hay alrededor de 550.000 trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a esa cantidad y que se podrían beneficiar de esa rebaja en el sector de los seguros, comerciales, periodistas y otros, que tributan en estimación directa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio ayer algunos detalles del proyecto, entre los que quiso destacar la bajada de retenciones a los trabajadores autónomos.

En este sentido, Cristóbal Montoro ha concretado que la intención del Gobierno es reducir las retenciones de aquellos trabajadores autónomos con rentas de hasta 12.000 euros “y hacerlo pronto”, a comienzos de julio, que es cuando se podrán practicar ya esas reducciones a los que tienen menos facturación.

Asimismo, y con el objeto de facilitar la actividad de los emprendedores, el Gobierno quiere reducir otras retenciones al colectivo de trabajadores autónomos, a aquellos que actúan como administradores de sociedades, algo que “se puede y se debe hacer”.

La rebaja fiscal a la que se ha comprometido el Gobierno, ha querido destacar Montoro, es perfectamente compatible con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea, por dos razones.

En primer lugar, ha explicado, este ejercicio ya se ha incrementado la recaudación más de lo que lo ha hecho la actividad económica, y eso implica que a partir del año que viene ya se pueden bajar los impuestos, con la seguridad que da constatar que en 2014 la recaudación tributaria está creciendo por encima del 5 %.

En 2015, un PIB del 1,8%

Además, todas las previsiones económicas indican que el año que viene España tendrá más crecimiento económico. En concreto, las del Gobierno lo sitúan en el 1,8 % pero esta estimación “es moderada” en comparación con la “cada vez más mayoritaria opinión” de que el crecimiento será mayor.

Cuanto mayor sea la actividad económica, ha dicho el ministro, más se facilita el pago de impuestos y más aumenta la recaudación tributaria y la creación de empleo.

El anteproyecto de ley presentado el viernes por el Gobierno incluye una rebaja media en el IRPF del 12,5 % a partir de enero de 2015: los tipos de la tarifa -que pasa de siete tramos a cinco- se rebajarán hasta un mínimo del 20 % (actualmente el 24,75 %) y un máximo del 47 % (ahora el 52 %), con tipos intermedios del 25 %, del 31 % y del 39 %.

Para 2016, el tipo mínimo caerá hasta el 19 % y el máximo al 45 %, con gravámenes intermedios del 24 %, del 30 % y del 37 % en función de la base imponible.

Por lo que respecta al impulso a la actividad económica, Montoro ha recordado que la reforma fiscal propiciará un aumento del PIB de medio punto en 2015 y 2016, lo que equivale a alrededor de 5.500 millones de euros.

El anteproyecto de ley, que ahora será sometido a consulta, prevé ayudas de 1.200 euros anuales para familias con ascendientes o descendientes con discapacidad y para familias numerosas.

Asimismo, se modifica el tipo general del impuesto de sociedades, que desde el 1 de enero de 2015 será del 28 %, y a partir de 2016, del 25 %, con lo que se igualará el gravamen para todas las empresas, sean grandes o pymes.

Los objetivos de esta reforma, resumió ayer el presidente del Gobierno, son impulsar la creación de empleo, reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo, aumentar la competitividad de la economía, favorecer el ahorro y un sistema tributario más equitativo, ofrecer beneficios sociales para las familias y poner en marcha nuevas medidas contra el fraude.

(elmundo.es 22,06,14)

Hacienda rebajará el tipo máximo del impuesto sobre la renta que se aplica a las rentas más altas

El Gobierno rebajará el tipo impositivo en todos los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, según han confirmado los sindicatos tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicarles las líneas generales de la reforma fiscal que aprobará el próximo viernes. De esta, forma Hacienda también rebajará tanto el tipo mínimo del IRPF como el tipo máximo del impuesto, en el 52%, que se aplica para las rentas más altas, aquellas que rebasan los 300.000 euros.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado a la salida de la reunión que el Ejecutivo se ha comprometido a bajar los tipos de todos los tramos del IRPF. Hacienda ya avanzó que reducirá los siete tramos actuales —en algunas comunidades llegan hasta nueve— hasta cinco, de esta forma la rebaja fiscal que contempla la reforma traerá bajadas para todos los contribuyentes. El tipo marginal máximo del IRPF está ahora en el 52% con carácter general aunque llega hasta el 56% en algunas comunidades como Cataluña o Asturias. El Gobierno reducirá este tipo máximo hasta situarlo en el en torno del 48% como sugería el comité de expertos para la reforma fiscal, liderado por Manuel Lagares.

Méndez ha explicado que el Gobierno también reducirá las retenciones a los profesionales autónomos y que ambas bajadas se harán en dos fases.”En el año electoral uno y en el año electoral dos”, ha dicho.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, ha asegurado que el Gobierno no modificará la estructura dual del impuesto ni reducirá las diferencias que existen entre rentas de capital y rentas del trabajo, puesto que también moderará las primeras.El sistema dual diferencia el tratamiento de las rentas obtenidas de los rendimientos del ahorro y del capital (dividendos, fondos, intereses, plusvalías participaciones…) y el procedente de las rentas del trabajo. La idea del Ejecutivo pasa por acentuar esta diferencia. En 2012 el Gobierno aumentó el gravamen para los rendimientos del capital mobiliario estableciendo un modelo progresivo que va desde el 21% al 27%.

Bravo ha lamentado que el Gobierno haya optado por mantener el sistema de módulos para varios sectores económicos dejando fuera a algunos como los autónomos dependientes.El ministro de Hacienda confirmó ayer lunes a las organizaciones patronales y de autónomos que limitará el sistema de estimación objetiva para el IRPF y el IVA [pagan en función de parámetros como el consumo eléctrico, los metros cuadrados del local o el número de empleados…] para aquellos con relación directa con el consumidor final. Es decir, quedarán excluidos aquellas empresas vinculadas al sector de la construcción y al transporte de mercancias, tradicionalmente vinculados con nichos de fraude fiscal.

Montoro también ha trasladado a los sindicatos su intención de bajar el Impuesto de Sociedades del 30% al 25%. Los representantes de los trabajadores creen que esto beneficiará sobre todo a las grandes empresas. Aunque la doctrina fiscal no habla de progresividad en el impuesto sobre sociedades sino más bien en el IRPF.

Méndez ha dicho que le da la impresión de que el Gobierno no tiene intención de tocar los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco. Los sindicatos han hecho una valoración general de los planteamientos del ministro, pero han resaltado la importancia de esperar a conocer la letra pequeña para valorar cada cambio.

Los sindicatos han lamentado que el Gobierno inscriba esta reforma en un escenario de “intensificación de la recuperación económica” que genera varias dudas y que no permite fiar el aumento de la recaudación al tirón económico.

A su parecer, habría que trabajar en un escenario de mayor ambición recaudatoria mejorando la lucha contra el fraude fiscal con un aumento del número de efectivos de la Agencia Tributaria. De la misma forma, ha resaltado la necesidad de potenciar el crecimiento desde el consumo a través de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Según Méndez, los salarios deben tener más protagonismo en la recuperación.

Bravo, por su parte, ha resaltado la importancia de que el Gobierno realice una verdadera reforma estructural y no un cambio para la coyuntura y para el periodo electoral que se avecina. A su parecer, el Gobierno ha planteado una reforma que pretende afrontar la atonía de la demanda interna con una bajada de impuestos directos y sin variar los indirectos, algo que puede resultar “regresivo”.

Tal y como ha explicado Bravo, la norma será enviada en julio al Congreso y su tramitación se alargará hasta noviembre, por lo que han pedido al ministro que abra cauces de información y contacto con los sindicatos para aportar sus propuestas.

(elpais.com 17.06.14)

• En referencia a la propuesta de legalizar prostitución y drogas blandas

• Responden que implicaría dar carta de naturaleza al tráfico de personas

• Proponen que sea delito fiscal defraudar más de 50.000 euros

Si por la mañana los inspectores de Hacienda proponían abrir un debate para legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas, por la tarde los técnicos de la Agencia Tributaria han salido al paso de la idea y han defendido que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio”.

En un comunicado, Gestha señala que con el pago de impuestos se estarían blanqueando actividades ilícitas y agregó que éstas “deben perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en la materia, es la práctica mayoritaria”.

En cambio, los técnicos proponen como alternativa perseguir el que es, según ellos, el primer foco de la evasión fiscal: las grandes empresas y patrimonios, y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Tributaria.

El secretario general de la organización, José María Mollinedo, aseguró que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal”.

Delito a partir de los 50.000 euros

Por otra parte, rechazaron la propuesta de los inspectores de elevar el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros, desde los 120.000 euros actuales, para la suma de cuotas defraudadas.
Al contrario, reclaman que la barrera baje hasta los 50.000 euros defraudados por impuesto y año, el mismo nivel fijado para considerar delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.

De este modo, Gestha considera que la propuesta de los inspectores supondría un “aliciente” para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde actualmente hay tres.

Aseguraron además que la modificación anunciada por los inspectores implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos. “Ninguno de estos supuestos fraudes sería delito con la reforma de los inspectores”, sentenciaron.

(elEconomista.es 11.06.14)