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Los nuevos autónomos pueden beneficiarse sin ningún problema de la tarifa de 50 euros de cotización a la Seguridad Social durante los seis primeros meses. La única condición es que durante los últimos cinco año no “hayan estado de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia”, tal y como apunta la asesora para empresas Ana Yáñez.

La duración de la bonificación varía en función de la edad del trabajador autónomo. En el caso de los menores de 30 años, durará 30 meses y la reducción se hará de la siguiente manera:

• Reducción del 80% durante los seis primeros meses.
• Reducción del 50% durante los siguientes seis meses.
• Reducción del 30% durante los 18 siguientes meses.

En el caso de que los futuros autónomos tengan más de 30 años, la bonificación durará 18 meses y la reducción se hará de esta manera:

• Reducción del 80% durante los seis primeros meses.
• Reducción del 50% durante los siguientes seis meses.
• Reducción del 30% del mes 12 al 18.

Todos los trabajadores que deseen hacerse autónomos en estos momentos verán cómo se ahorrarán una buena cantidad de dinero respecto a los trabajadores por cuenta propia que llevan un tiempo cotizando.
La cuota mensual de los autónomos es de 264,44 euros (actualizado a 1 de enero de 2015), pero si aplicamos las bonificaciones, como explica Ana Báñez, el ahorro quedaría así:

• Con la reducción del 80%, el ahorro sería de 211,2 euros al mes.
• Con la reducción del 50%, el ahorro sería de 132,22 euros al mes.
• Con la reducción del 30%, el ahorro sería de 79,33 euros al mes.

De esta manera, el ahorro para un autónomo con menos de 30 años sería de más de 3.450 euros durante los 30 meses que dura la bonificación, mientras que para los mayores de esta edad, sería mayor a 2.515 euros durante los 18 meses que dura la ayuda. Se privará de esta tarifa plana en los siguientes casos:

• Cuando sea administrador de alguna sociedad.
• Si ha estado dado de alta como autónomo durante los últimos cinco años.
• Se trate de un autónomo colaborador, en el régimen especial para familiares de autónomos.
• Que haya recibido alguna bonificación anterior en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Fuente: www.cincodias.com

A muy poquitas horas de terminar éste año 2014 queremos aprovechar la ocasión para agradecerles la confianza que habeis depositado, un año mas, en nuestro despacho. 

Este no ha sido un año facil para nadie pero juntos lo hemos superado. Y en 2015 volveremos a estar con todos vosotros, haciéndole frente a una reforma fiscal que, sin duda alguna, va a dar mucho de si. Pero siempre con las ganas, el entusiasmo y la seriedad que os mereceis. 

Un abrazo para todos con los mejores deseos de éxito para éste año que en breve estrenamos. 

¡Feliz Año 2015! 

El equipo de Ispalor 

¿Sabes lo que tienes que hacer para proteger los datos de carácter personal que tengas en tu poder?

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), es una normativa de obligado cumplimiento para todas las EMPRESAS, personas que actúen en el ámbito empresarial, organismos, comunidades vecinales, organizaciones, etc… que traten datos de carácter personal. 

Un dato de carácter personal, es cualquier dato que pueda identificar a una persona de una manera u otra, es decir, desde un nombre, un apellido, un teléfono o una dirección de correo electrónico, hasta un dato de salud o un dato bancario.

Debido a la diferencia de servicios que se ofrecen en los distintos obligados a cumplir la LOPD, el tipo de datos recogidos puede cambiar y por lo tanto los niveles de seguridad a aplicar en el tratamiento de los ficheros que recogen dichos datos, va a ser sustancialmente diferente.

El responsable de los ficheros debe cumplir con las obligaciones que establece la LOPD para el correcto tratamiento de los datos que obran en su poder. Entre las obligaciones más destacadas están:

– La inscripción de los ficheros ante la AEPD (Agencia Española de Protección de datos).

– La redacción de un documento de Seguridad.

– La puesta en marcha de las medidas de seguridad oportunas en el tratamiento de los datos de carácter personal.

Por diferentes causas se cometen grandes errores en el tratamiento de los datos de carácter personal que manejamos, que pueden ser sancionables desde 900 hasta 600.000 Euros.

INFRACCIONES Y SANCIONES LOPD

La cuantía de las sanciones que impone la LOPD se gradúa dependiendo de la naturaleza de los derechos personales afectados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de culpabilidad.

 
Infracciones leves: sanciones entre 900 € y 40.000 €

·No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo.

·No solicitar la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos

·Recopilar datos personales sin informar previamente

·No atender a las solicitudes de rectificación o cancelación

·Transmitir datos a un encargado de tratamiento sin cumplir las obligaciones formales.

Infracciones graves: sanciones entre 40.001 € y 300.000 €

·No inscribir los ficheros en la AEPD.

·Utilizar los ficheros con finalidad distinta con la se crearon.

·No tener el consentimiento del interesado para recabar sus datos personales.

·No permitir el acceso a los ficheros.

·Mantener datos inexactos o no efectuar las modificaciones solicitadas.

·No seguir los principios y garantías de la LOPD.

·Tratar datos especialmente protegidos sin la autorización del afectado

·No remitir a la AGPD las notificaciones previstas en la LOPD.

·Mantener los ficheros sin las debidas condiciones de seguridad.

Infracciones muy graves: sanciones entre 300.001 € y 600.000 €

·Crear ficheros para almacenar datos especialmente protegidos.

·Recogida de datos con engañoso o fraudulentamente.

·Recabar datos especialmente protegidos sin la autorización del afectado.

·No atender u obstaculizar de forma sistemática las solicitudes de cancelación o rectificación.

·Vulnerar el secreto sobre datos especialmente protegidos.

·La comunicación o cesión de datos cuando ésta no esté permitida.

·No cesar en el uso ilegítimo a petición de la AEPD.

·Tratar los datos de forma ilegítima o con menosprecio de principios y garantías que le sean de aplicación.

·No atender de forma sistemática los requerimientos de la AEPD.

·La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter. personal con destino a países sin nivel de protección equiparable o sin autorización.

Si quieres más información sobre la LOPD y lo que necesitas para su cumplimiento no dudes en llamarnos.

Amparo Colás

Directora de Ispalor

Seguro que aún recuerdan cuando había que acudir con la fotocopia de la declaración de la renta a varias ventanillas en varios días diferentes para, por ejemplo, solicitar una beca o cualquier subvención pública. Uno siempre se preguntaba aquello de: “pero es que Hacienda no sabe cuánto gano”.

Eso ya se ha acabado, pero, aunque parezca mentira, no hace tanto tiempo. Y es que hasta que el sector público no ha tenido que reducir sus gastos de manera drástica, acuciado por un déficit y una deuda galopantes, parece que la implantación de la administración electrónica podía esperar.

Sin embargo, la necesidad de ahorrar y el hecho de que España siempre fuese señalada en los estudios internacionales como uno de los países donde era más complicado, entre otras cosas, crear una empresa han acelerado la transformación. Así, para numerosos trámites se ha pasado de las tradicionales ventanillas y el vuelva usted mañana a una administración abierta las 24 horas, siete días a la semana y 365 días al año.

Algo tan sencillo como comunicar un cambio de domicilio hoy puede ser resuelto entrando en una dirección de internet de la Administración General del Estado: https://cambiodomicilio.redsara.es. A partir de ese momento, será la Administración la encargada de informar a todos los organismos por usted: Agencia Tributaria, Tráfico, Seguridad Social, Dirección General de la Policía, entre otros. Se ahorra de este modo que el contribuyente deba comunicar su nueva dirección a cada uno de esos u otros organismos.

Fuentes de Hacienda sostienen que mientras el coste medio de un servicio de manera presencial es de unos 80 euros, si el trámite se realiza de forma telemática, es de apenas cinco euros. Esta espectacular reducción de costes explica que en los últimos dos años, ciudadanos y empresas hayan ahorrado 16.600 millones de euros.

Y aunque esa cifra se antoja abultada, lo cierto es que para llegar a ella se han tenido en cuenta los ahorros de tiempo que se obtienen, que como es lógico se traducen en dinero. Así, de un tiempo medio de 16 días para hacer que los cambios y notificaciones lleguen a su destino, se pasa a un espacio de apenas unos segundos. Además, del coste que solía conllevar la gestión ante un mostrador y el papel de los métodos tradicionales, se ha pasado a una transacción que solo cuesta unos 10 céntimos, puesto que desaparecen labores como el empaquetado, los servicios postales, archivos, fotocopias o sellados.

Por lo tanto, toda la documentación que ya obre en poder de la Administración, desde un título académico, el volante de empadronamiento, pasando por estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria o los certificados que emiten los registros civiles y con el consentimiento previo del ciudadano, será remitida de manera telemática allí donde corresponda, por ejemplo, si se solicita una subvención pública. Es la llegada de lo que podría denominarse la Administración en la nube o la e-Administración.

¿Qué trámites concretos se pueden realizar ya de manera plenamente electrónica? Quizás los más conocidos sean la declaración de la renta, la búsqueda de trabajo o el reconocimiento de las prestaciones por desempleo. Pero también es posible ya crear una empresa con plenas garantías jurídicas, presentar una denuncia ante la Policía Nacional, declarar el IVA por parte de empresas y autónomos, solicitar la situación de los pagos a la Seguridad Social o pedir una beca. Asimismo, se puede obtener el certificado de vida laboral, nacimiento, matrimonio o defunción, consultar los datos catastrales de inmuebles rústicos o urbanos e incluso solicitar formar parte del programa de vacaciones para mayores dentro del programa social de turismo destinado a personas mayores.

Esta transformación ha empezado ya a dar sus frutos. En un reciente informe de la ONU, España ha pasado a ocupar este año el puesto 12 en el mundo (antes el 23) por el grado de implantación de la administración electrónica. En el uso de los servicios públicos, se ha mejorado desde el puesto 31 al 19.

Se acaban las facturas en los cajones

Dentro de la extensión de la e-Administración, uno de los hitos más importantes es la implantación de la factura electrónica. Con ella, se constituye un punto único de la Administración General del Estado en internet para la remisión de facturas de proveedores a organismos del sector público.

Pretende ser un registro contable único que destierre de una vez por todas la práctica hasta hace muy poco habitual de guardar facturas en el cajón sin control (b
aste recordar las deudas pendientes que tenían las administraciones, que hubo que pagar con los planes de pago a proveedores).

“Se mejora de este modo el control interno de la facturación, se reduce el fraude fiscal y se fomenta la transparencia en las cuentas públicas, según el plan de erradicación de la morosidad”, recuerdan desde Hacienda. Cada factura ahorra 3,48 euros, 0,70 al emisor y 2,78 al receptor.

(Cincodias.com 13-10-2014)

El fisco no puede alargar el plazo de prescripción tributaria de 4 años El Tribunal Económico Central obliga a reforzar jurídicamente las comprobaciones que superen los 6 meses

Varapalo a una práctica de gestión tributariaque alargaba y flexibilizaba inadecuadamente el periodo deprescripción tributario por la vía administrativa (cuatro años). El reloj para la extinción del plazo en el que se puede penalizar o practicar una liquidación al contribuyente no puede pararse al antojo de la Administración.

Una reciente resolución del Tribunal Economico Administrativo Central (TEAC) determina que los recursos y reclamaciones administrativas no interrumpen la prescripción cuando el acto recurrido surja de un procedimiento del que se deba declarar la caducidad. Al entender de los expertos, esta decisión, de junio pasado que tiene un aspecto tan técnico, reforzará de forma importante la seguridad jurídica de los contribuyentes.

En general, cuando un procedimiento de comprobación, que forma parte del ámbito de la gestión tributaria, no de la inspección, supera los seis meses; la Administración fiscal debe declarar de oficio la caducidad, según la ley general tributaria.

Con esta declaración de caducidad, el procedimiento se entiende como desaparecido del ámbito jurídico o, para entenderlo mejor, como si nunca hubiera existido, explican expertos juristas. Se puede volver a iniciar el trámite, pero sin que se interrumpa el plazo de prescripción del que disfruta el contribuyente.

Si el fisco no cumple

El problema se produce cuando el fisco no cumple con esa obligación y es el contribuyente el que debe acudir a los tribunales económico administrativos para exigir esa caducidad. En esos casos, la hacienda de la Generalitat interpretaba que la reclamación interrumpía el periodo de prescripción, que volvía a contar los cuatro años. «De esta manera, un procedimiento se podía dilatar, cinco, seis o 10 años», afirma un abogado especialista en la materia.

Pero había ya resoluciones anteriores del TEAC en sentido contrario. Y la ley general tributaria determina en el apartado siete de su artículo 239 que la doctrina que «de modo reiterado» establezca el TEAC vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las autonomías y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las comunidades autónomas.

Eso es lo que sucede ahora con la última resolución del TEAC, según los expertos consultados. La resolución puede acabar con una situación en la que la Administración incumplía con una de sus obligaciones (declaración de caducidad) y era el contribuyente el que se veía afectado por ello.

La Generalitat contaba con dos sentencias a su favor del Tribunal del Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), rechazadas ahora por el fallo del TEAC, que dan la razón a quienes impugnaban sus actuaciones. Este fallo además refuerza una decisión de diciembre de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ante un recurso de casación por unificación de doctrina.

La única y compleja vía que tiene la administración tributaria catalana de poder volver a parar o flexibilizar el reloj de la prescripción en los casos citados es un recurso de casación de unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Difícil, según los expetos .

(elperiodico.com 28-09-2014)

En Ispalor te ofrecemos el servicio de Peritaje Judicial, pero ¿Sabes realmente qué es y qué función cumple un Perito Judicial?

Por definición popular se conoce como perito a la persona sabia, con experiencia, práctica ó pericia en determinada ciencia, técnica ó arte.

En derecho es Perito aquel que, poseyendo especiales conocimientos teóricos y prácticos, informa bajo juramento ante un juez sobre puntos de litigio que se relacionan con su especial saber o experiencia.

De ésta definición se desprenden las tres principales características de un perito:

1-      Poseer conocimientos específicos que constituyen la razón de la solicitud de su peritaje

2-      Examinar  y estudiar  los hechos, puntos o cosas, sobre los que debe emitir su informe.

3-      Emitir un informe o dictamen basándose en sus especiales conocimientos,  sobre los hechos, puntos o cosas previamente estudiados y examinados.  

Entre los expertos que intervienen como peritos en actos judiciales se encuentran los Peritos en Investigación Mercantil  que  pueden ser nombrados bien por un Juez o a solicitud de alguna de las partes implicadas en el proceso judicial.

En muchos casos se requiere de éstos expertos técnicos fuera del proceso judicial. Las empresas solicitan sus servicios por cuestiones relacionadas con sus propias operaciones comerciales.

En el caso de un proceso judicial la labor del perito es la de examinar los hechos o datos que son objeto total o parcial del litigio y  emitir un dictamen pericial,  en forma  oral o escrita y que siempre se hace constar en autos (un “auto” es un escrito emitido por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones y cuando algo consta en autos, quiere decir que consta por escrito, pero no en cualquier escrito, sino en uno que dota de “certeza” al hecho o al acto que se asienta.Es como decir “que quede por escrito, para que no haya duda”).

 De ésta forma el perito informa e ilustra al tribunal, siempre  bajo juramento,  sobre las pruebas objetivas a las que ha arribado dentro del marco de sus  conocimientos  específicos del tema.  El informe pericial se constituye así en un medio de prueba  importantísimo dado que el juez no puede estar versado en todas las ciencias, disciplinas o artes y precisa de personas que estén capacitadas en cada una de las áreas para poder emitir un juicio correcto. No en vano los peritos han sido llamados los “Ojos del Juez”.

En el caso de que un Perito de Investigación  Mercantil sea contratado por empresas o particulares,  el perito será el encargado de emitir informes y dictámenes acerca de la investigación realizada (sea ésta sobre solvencia, valoraciones, etc.) del mismo modo y con la misma rigurosidad y fiabilidad que lo haría para un tribunal.

En que puede ayudarte un Perito de Investigación Mercantil

Dentro de la extensa gama de actividades investigativas de un  Perito de Investigación Mercantil  relacionadas con el mundo de la empresa se encuentran:

• Investigaciones de solvencia
• Peritaciones económicas, contables y financieras
• Valoración de activos de la empresa
• Verificación de valores
• Balances de empresas
• Actuaciones concursales y judiciales (judiciales y de parte)
• Contra-peritajes ante compañías de seguros
• Intervención en siniestros y cuestiones laborales con aportación de pruebas ante juzgados y tribunales.
• Informes Periciales de Parte/Judiciales
• Dictámenes Periciales Extrajudiciales.

Ahora que ya tienes toda la información no dudes en recurrir a nosotros cuando nos necesites, ponemos a tu disposición  Peritos Judiciales de Investigación Mercantil avalados y certificados por la Asociación Española de Peritos Judiciales de Investigación Mercantil.

Fuentes consultadas:

Amparo Colás Perito Judicial de Investigación Mercantil

Peritos Judiciales de Maximiliano Fernández de Miguel 

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, obligará a la banca a clasificar sus productos por riesgo mediante un código de cinco colores. El verde implicará bajo riesgo; el rojo, alto. También incluirá candados en función de su liquidez y exclamaciones en función de si son o más complicados.

El supervisor de los mercados,además de ver reforzadas su independencia y sus capacidades, quiere que los clientes de los bancos conozcan de un solo vistazo el riesgo que asumen. Así, ha diseñado una clasificación de productos con cinco colores (verde, verde claro, amarillo, naranja y rojo) que identifican el peligro para los clientes. Se planteará a imagen y semejanza de la clasificación energética de los electrodomésticos en Europa, con una pirámide con todos los colores y la indicación del riesgo (véase imagen).

En abril, la CNMV ya hizo suya una advertencia del supervisor europeo de los mercados (Esma) sobre productos estructurados.

El organismo que preside Elvira Rodríguez quiere “mejorar la información que el inversor recibe antes de contratar un producto financiero, de manera que en un vistazo sea capaz de comprender el nivel de riesgo que va a asumir y la complejidad de los valores”, señala la CNMV en una nota de prensa.

Los productos de clase A (verde) son instrumentos financieros Instrumentos en euros con compromiso de devolución del capital en un plazo igual o inferior a 3 años. El emisor dispone de un rating como mínimo equivalente al del Reino de España.

Los de clase B (verde claro) son los A, pero con algunas salvedades. Así, tienen un plazo de vencimiento entre tres y diez años y un rating mínimo de grado de inversión (al menos BBB-, según la clasificiación de Standard & Poor’s y Fitch’s, y Baa3, según Moody’s). También son clase B los instrumentos que no sean en euros y con una calificación de grado de inversión.

En la parte media de la escala de riesgo aparecen los productos clase C (de color amarillo). Son instrumentos financieros en euros con compromiso de devolución del capital de emisores con un plazo superior a 10 años y un rating mínimo de grado de inversión. También son Instrumentos financieros en euros con un compromiso de devolución del capital igual o superior al 90% en un plazo igual o inferior a 3 años y rating de inversión. También se incluyen en este color los instrumentos financieros con compromiso de devolución del capital en divisa con plazo superior a 3 años y grado de inversión.

Los de clase D (naranja) son todos los demás productos, excepto los de clase C.

Los de clase C (rojo) son instrumentos derivados.

Liquidez

Además de la clasificación de los riesgos en función de la escala de colores, el indicador incluirá unas advertencias sobre la liquidez junto a al icono de uno o dos candados.

Así, en el caso de los valores en los que existe un compromiso de devolución del capital al vencimiento de al menos el 90%, se incluirá la siguiente advertencia: “el compromiso de devolución del (XX%) del capital sólo es a vencimiento y la venta anticipada puede provocar pérdidas”. Esta advertencia irá acompañada de un candado.

En el caso de los productos que no garanticen la devolución del capital, no exista un mercado secundario líquido y no se instrumente un procedimiento para dar liquidez se especificará que “la venta anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes”. En este caso, se incorporarán dos candados.

En el caso de los productos de la clase D en los que exista un compromiso de devolución parcial y se den las circunstancias anteriores se incluirá: “el compromiso de devolución del (XX%) del capital sólo es a vencimiento y la venta anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes”. Aquí irán dos candados.

Facilidad de comprensión

El sistema también plantea en el caso de los instrumentos complejos, y con independencia del nivel de riesgo, se destaque siempre, junto a un icono (!), el aviso “Instrumento financiero complejo, puede ser difícil de comprender”. En el caso de los especialmente complejos, y junto al icono (!!), se advertirá “Instrumento especialmente complejo cuya adquisición no se considera adecuada por inversores no profesionales”.

Productos inadecuados

Además, del sistema de clasificación, la CNMV  quiere que se evite la comercialización de productos considerados especialmente complejos que no resultan adecuados para los inversores minoristas, por ejemplo, instrumentos contingentes convertibles (cocos) y otras categorías de activos como deuda estructurada, CFD, swaps o derivados OTC (que no cotizan en mercados oficiales), entre otros, cuando incorporen determinadas características.

Así, la CNMV propone a las entidades que, cuando presten servicios de inversión fuera del asesoramiento o la gestión discrecional e individualizada de carteras a minoristas sobre estos instrumentos realicen la siguiente advertencia: “Advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Esta operación XXX se refiere a un instrumento financiero especialmente complejo. La CNMV considera no adecuada su adquisición por inversores no profesionales”.

Además las entidades han de recabar la firma por el cliente del texto anterior unida a una expresión manuscrita por el mismo como sigue: “Producto no adecuado para inversores no profesionales”.

(Cincodias.com 09.09.14)