Últimas entradas

El Ejecutivo anunció el viernes que aprovechará la aprobación de la reforma fiscal para hacer pública la lista de personas y empresas que tienen deudas con Hacienda. “Pretende ser un elemento adicional a la reforma fiscal, sin menoscabar los derechos de los contribuyentes, ya que se garantiza el secreto fijado por la Ley Tributaria”, subrayó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con esta medida, Hacienda recupera un viejo proyecto aparcado a finales de 2012. Fuentes del Ejecutivo consideran que el proyecto pondrá más acento sobre los morosos y no tanto sobre los defraudadores, puesto que la identidad de estos acaba haciéndose pública una vez que se dictan las sentencias judiciales. En el caso de los morosos, su nombre, tal y como establece la Ley General Tributaria, solo se podrá publicar cuando se encuentre en la fase de embargo.

Montoro avanzó que la publicación del listado de morosos no será inmediata, puesto que para ello es preciso modificar la normativa tributaria, ya que actualmente no permite hacerlo público, y que servirá para generar un castigo social. “Se conocería quién está pendiente de pago y se ayudaría a reducir la lista de morosos, que se tendrían que poner al día. Con esta medida se fortalecería la relación con el contribuyente y la financiación de los servicios públicos”, subrayó.

Esta será una de las soluciones de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, cuyo detalle se dará a conocer el próximo lunes. Todo apunta a que los planes de actuación servirán para desarrollar las medidas ya anunciadas en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014. Entre ellas destaca una selección adecuada de los contribuyentes a los que se va a cometer a un estricto control. En este ejercicio, las autoridades van a hacer hincapié en la investigación sobre los perceptores de subvenciones públicas y sobre aquellos contribuyentes en los que el nivel de renta y patrimonio declarado no coincidan con los signos externos de riqueza.

Otra de las líneas de trabajo prioritarias para Hacienda es la puesta en marcha de una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida. Con ese objetivo se reforzarán las actuaciones de prevención y control a través de la detección precoz de actividades ocultas. También se potenciarán actuaciones presenciales en aquellos sectores en los que se aprecie una especial percepción social sobre la existencia de elevados niveles de economía sumergida. Así, está previsto que se realicen inspecciones rutinarias con el fin de hacer un estrecho seguimiento a prácticas fraudulentas, como manipulación de los libros de contabilidad o de los libros registro, así como la llevanza de una doble contabilidad o la ocultación parcial de la actividad.

Los inspectores centrarán también su trabajo en el análisis detallado de las facturas y los medios de pago utilizados por particulares y empresas para verificar que se esté cumpliendo la limitación de pagos en efectivo, fijada por ley en 2.500 euros para rebajar la economía sumergida.

(cincodias.com 20.06.14)

El Impuesto sobre Sociedades bajará al 28% en 2015 y al 25% en 2016, frente al tipo del 30% actual, mientras que las pymes podrán rebajar su gravamen hasta el 20% –frente al 25% actual– siempre que se apliquen dos deducciones de nueva creación para favorecer la autofinanciación y el endeudamiento empresarial.

Así lo trasladó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado el anteproyecto de reforma fiscal, donde también destacó que la rebaja de este impuesto trata de aproximar la base imponible a lo que es el tipo efectivo del impuesto.

Por ello, indicó que se suprimen algunas desgravaciones, aunque no concretó cuáles, mientras se refuerza la deducción por inversión en I+D+i y se incluye una nueva desgravación por reserva de capitalización, de tal manera que las empresas podrán destinar el 10% de su beneficio a provisiones o recursos propios para promover su autofinanciación y reducir su endeudamiento.

Además de esta deducción, para las pymes se introduce también una desgravación con el mismo objetivo para que durante cinco años puedan hacer provisiones y reducir su tarifa fiscal, de tal manera que las pymes que hagan uso de estas dos deducciones, que no exigirán obligatoriedad de inversión, tributarán a un tipo del 20%.

Al mismo tiempo, la reforma del Impuesto de Sociedades mantiene la fiscalidad reducida del 15% para nuevos emprendedores, que ya introdujo el Gobierno en la nueva ley de emprendedores.

(europapress.es 20.06.14)

El tipo máximo bajará del 52% al 45% y se empezará a aplicar a partir de 60.000 euros

Los sueldos más bajos son los más beneficiados por los cambios tributarios

La reforma fiscal que presentó el viernes el Gobierno y que hoy detallará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, beneficia especialmente a las rentas muy bajas y muy altas si se compara lo que pagarán en 2016 –cuando culminan los cambios introducidos– respecto a la tributación actual. Aun así, los sueldos muy elevados sufrirán una mayor presión fiscal con el nuevo IRPF frente al que dejó el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2011, al final de la anterior legislatura, el impuesto sobre la renta contaba con seis tramos con tipos que iban del 24% para los primeros 17.700 euros de base imponible hasta el 45% para rentas superiores a 175.000 euros. Ahora, el tipo máximo bajará del 52% vigente y volverá al 45% en dos años, sin embargo, ese porcentaje se empezará a aplicar a partir de 60.000 euros. Un contribuyente soltero y sin hijos que tenga una base imponible de 200.000 euros paga hoy 86.856,3 euros de IRPF, una cifra que bajará hasta los 83.519 euros en 2015 y los 79.922,8 euros en 2016. Así, en 2016, este declarante pagará un 8% menos que ahora. Sin embargo, la cuota tributaria será un 1,3% superior a la vigente en 2011, cuando un declarante con estas características abonaba por renta 78.930 euros. Estas cifras pueden variar ligeramente en función de los cambios que detalle hoy el Gobierno en la reducción por rendimientos del trabajo que se aplican todos los asalariados y en el mínimo personal de 5.151 euros.

Estas modificaciones no evitarán que las rentas muy altas sean las únicas que en 2016 paguen más que al principio de la actual legislatura. En cualquier caso, la reforma fiscal, supone para los tramos altos una reducción muy importante respecto a la tributación vigente que está afectada por la subida fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012 y que supuso elevar hasta siete puntos –del 45% al 52%– el tipo máximo del IRPF.

Las rentas bajas aparecen en todas las comparaciones posibles como las principales beneficiadas. Un asalariado con una base imponible de 12.000 euros (equivale a un salario bruto de 15.600 euros) paga hoy 1.695 euros por IRPF, una cifra que bajará a 1.370 euros en 2015 (un 19,2% menos) y a 1.301 euros en 2016 (23,2% menos). Respecto a 2011, la cuota tributaria será un 20,8% inferior en 2016. La rebaja fiscal se atenúa en las clases medias. Una base imponible de 40.000 euros abonará por IRPF 9.522 euros en 2016, un 4,3% menos que en 2011.

Los datos de la Agencia Tributaria reflejan que son las clases medidas quienes soportan el peso del impuesto. El 66% de los contribuyentes declara menos de 20.000 euros y aporta el 12,6% de los ingresos. Las rentas entre 21.000 y 60.000 euros suman el 30% de los declarantes y cargan con el 52% de la recaudación. Por encima de 150.000 euros, solo se encuentran 73.781 declarantes de los 19,4 millones de contribuyentes del impuesto. Es decir, el 0,38% del total. Este colectivo tan reducido aporta el 11,8% de los ingresos por IRPF, que alcanzan los 70.000 millones.

Según los cálculos del Gobierno, la reforma fiscal que aprobará el Gobierno este año supondrá una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes. Además, como ya anunció Rajoy, el nuevo IRPF dejará exentos de tributación a los declarantes con sueldos inferiores a 12.000 euros. Una medida que, según Hacienda, beneficiará a 1,6 millones de contribuyentes. Actualmente, los asalariados que no llegan a 11.200 euros tampoco tributan.

(cincodias.com 24.06.14)

El Gobierno ha decidido aprovechar la reforma fiscal para aliviar el castigo que la normativa tributaria infligía a dos grupos de víctimas de la crisis económica de los últimos años. De un lado, los deudores hipotecarios que se veían obligados a entregar su casa por no poder pagar la hipoteca, pues la norma tributaria venía a interpretar que con la dación en pago lograban plusvalías y además de perder la vivienda tenían que pagar a Hacienda por ello. De otro, las víctimas de la inversión en preferentes, pues la norma restringía mucho la posibilidad de compensar sus perdidas.

Hacienda ha llegado a la conclusión de que ese tratamiento fiscal no era el más apropiado y en ocasiones venía a agravar el drama que atravesaban algunos damnificados de la crisis. Por eso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido corregir esa situación en la reforma fiscal que el viernes estudió el Consejo de Ministros y que se conocerá hoy con mayor detalle.

La situación es especialmente sangrante en el caso de quienes se ven forzados a entregar su casa por no poder pagarla. Con carácter general, cuando un contribuyente ofrece su vivienda para saldar la deuda hipotecaria ante la imposibilidad de afrontar el pago, Hacienda interpreta que obtiene una ganancia sujeta al IRPF si el valor total de la deuda pendiente que se cancela supera el valor de adquisición de la vivienda.

Esta ganancia se integra en la base imponible del ahorro, al derivarse de la transmisión de un inmueble por el contribuyente. El Gobierno ya dio un primer paso al declarar exenta del IRPF esa ganancia patrimonial en las daciones en pago de hipotecas para compra de vivienda habitual de los contribuyentes situados en el llamado “umbral de exclusión”.

La reforma alivia la situación de las víctimas de preferentes

Pero la restrictiva definición de ese umbral (con límites de renta, exigencia de que todos los miembros de la familia estuvieran en paro o fueran inactivos y otros requisitos) dejaba fuera a muchos supuestos en que el contribuyente no solo perdía su casa sino que además tenía que pagar impuestos por unas plusvalías que solo eran reales en los ordenadores de Hacienda. Ahora, esa supuesta ganancia patrimonial se declarará exenta aunque los afectados no estén en el umbral de exclusión, según fuentes conocedoras de la reforma.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calcula que, según los datos de Banco de España, unas 15.000 familias al año se podrían beneficiar de este cambio fiscal que les permitirá ahorrarse unos 10.000 euros de media.

El Gobierno pretende que la medida entre en vigor cuanto antes

Las situaciones potenciales de aparente injusticia son tan clamorosas que el Gobierno está estudiando no esperar a que el grueso de la reforma entre en vigor en 2015, sino que se plantea aprobarlo por decreto, junto a otras medidas tributarias, para que se aplique ya desde julio.

Otro tratamiento fiscal aparentemente injusto es el relativo a los afectados por las preferentes. Hacienda ha decidido que los rendimientos de capital negativos de participaciones preferentes podrán servir para compensar ganancias patrimoniales que tengan los afectados por otras actividades.

Con el régimen actual, cuya interpretación dejó clara la Dirección General de Tributos, en el canje de preferentes tributaba de manera diferente la quita impuesta por Bruselas y la posterior ganancia o pérdida patrimonial por la venta de las acciones recibidas. A efectos prácticos, en casos como Bankia, donde las acciones han subido con fuerza tras el canje por las preferentes (que incluían una quita), podría darse el caso de que un contribuyente no tuviera cómo deducir las pérdidas de las preferentes y sí se viera obligado a tributar por las plusvalías de la venta de las acciones que en realidad lo que hacen es reducir las pérdidas originales. Eso es lo que se trata de evitar.

Estas dos medidas están entre las novedades de la reforma fiscal que se conocerán hoy, después de que el Gobierno presentará el pasado viernes las líneas generales de la reforma fiscal que incluye como medida estrella una rebaja del IRPF para casi todos los contribuyentes.

Hacienda ha reducido tanto los tramos como los tipos del impuesto. Ha previsto que la rebaja media será del 12,5% pero aún están pendiente de aclarar los cálculos.

Entre las incógnitas sin desvelar aún están cómo quedará el mínimo personal —de 5.151 euros con carácter general y uno de los instrumentos que afectan a la progresividad del sistema—. También tiene que explicar qué hará con la reducción del rendimiento del trabajo (2.652 euros) que afecta a la cuota íntegra del IRPF.

(elpais.com 22.06.14)

Los trabajadores autónomos con rentas de hasta 12.000 euros podrán beneficiarse de menores retenciones fiscales en el IRPF a partir del próximo mes de julio, en lo que será el primer paso de la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha cifrado el coste bruto de la reforma en unos 9.000 millones de euros en los próximos dos años, lo que no implica “de ningún modo” que se vaya a reducir el gasto público en la misma medida.

AHORRO DE 300 EUROS

La rebaja de retenciones fiscales supondrá un ahorro en los próximos seis meses de entre 250 y 300 euros para cada beneficiario, según cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) . En España hay alrededor de 550.000 trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a esa cantidad y que se podrían beneficiar de esa rebaja en el sector de los seguros, comerciales, periodistas y otros, que tributan en estimación directa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio ayer algunos detalles del proyecto, entre los que quiso destacar la bajada de retenciones a los trabajadores autónomos.

En este sentido, Cristóbal Montoro ha concretado que la intención del Gobierno es reducir las retenciones de aquellos trabajadores autónomos con rentas de hasta 12.000 euros “y hacerlo pronto”, a comienzos de julio, que es cuando se podrán practicar ya esas reducciones a los que tienen menos facturación.

Asimismo, y con el objeto de facilitar la actividad de los emprendedores, el Gobierno quiere reducir otras retenciones al colectivo de trabajadores autónomos, a aquellos que actúan como administradores de sociedades, algo que “se puede y se debe hacer”.

La rebaja fiscal a la que se ha comprometido el Gobierno, ha querido destacar Montoro, es perfectamente compatible con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea, por dos razones.

En primer lugar, ha explicado, este ejercicio ya se ha incrementado la recaudación más de lo que lo ha hecho la actividad económica, y eso implica que a partir del año que viene ya se pueden bajar los impuestos, con la seguridad que da constatar que en 2014 la recaudación tributaria está creciendo por encima del 5 %.

En 2015, un PIB del 1,8%

Además, todas las previsiones económicas indican que el año que viene España tendrá más crecimiento económico. En concreto, las del Gobierno lo sitúan en el 1,8 % pero esta estimación “es moderada” en comparación con la “cada vez más mayoritaria opinión” de que el crecimiento será mayor.

Cuanto mayor sea la actividad económica, ha dicho el ministro, más se facilita el pago de impuestos y más aumenta la recaudación tributaria y la creación de empleo.

El anteproyecto de ley presentado el viernes por el Gobierno incluye una rebaja media en el IRPF del 12,5 % a partir de enero de 2015: los tipos de la tarifa -que pasa de siete tramos a cinco- se rebajarán hasta un mínimo del 20 % (actualmente el 24,75 %) y un máximo del 47 % (ahora el 52 %), con tipos intermedios del 25 %, del 31 % y del 39 %.

Para 2016, el tipo mínimo caerá hasta el 19 % y el máximo al 45 %, con gravámenes intermedios del 24 %, del 30 % y del 37 % en función de la base imponible.

Por lo que respecta al impulso a la actividad económica, Montoro ha recordado que la reforma fiscal propiciará un aumento del PIB de medio punto en 2015 y 2016, lo que equivale a alrededor de 5.500 millones de euros.

El anteproyecto de ley, que ahora será sometido a consulta, prevé ayudas de 1.200 euros anuales para familias con ascendientes o descendientes con discapacidad y para familias numerosas.

Asimismo, se modifica el tipo general del impuesto de sociedades, que desde el 1 de enero de 2015 será del 28 %, y a partir de 2016, del 25 %, con lo que se igualará el gravamen para todas las empresas, sean grandes o pymes.

Los objetivos de esta reforma, resumió ayer el presidente del Gobierno, son impulsar la creación de empleo, reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo, aumentar la competitividad de la economía, favorecer el ahorro y un sistema tributario más equitativo, ofrecer beneficios sociales para las familias y poner en marcha nuevas medidas contra el fraude.

(elmundo.es 22,06,14)

Hacienda rebajará el tipo máximo del impuesto sobre la renta que se aplica a las rentas más altas

El Gobierno rebajará el tipo impositivo en todos los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, según han confirmado los sindicatos tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicarles las líneas generales de la reforma fiscal que aprobará el próximo viernes. De esta, forma Hacienda también rebajará tanto el tipo mínimo del IRPF como el tipo máximo del impuesto, en el 52%, que se aplica para las rentas más altas, aquellas que rebasan los 300.000 euros.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado a la salida de la reunión que el Ejecutivo se ha comprometido a bajar los tipos de todos los tramos del IRPF. Hacienda ya avanzó que reducirá los siete tramos actuales —en algunas comunidades llegan hasta nueve— hasta cinco, de esta forma la rebaja fiscal que contempla la reforma traerá bajadas para todos los contribuyentes. El tipo marginal máximo del IRPF está ahora en el 52% con carácter general aunque llega hasta el 56% en algunas comunidades como Cataluña o Asturias. El Gobierno reducirá este tipo máximo hasta situarlo en el en torno del 48% como sugería el comité de expertos para la reforma fiscal, liderado por Manuel Lagares.

Méndez ha explicado que el Gobierno también reducirá las retenciones a los profesionales autónomos y que ambas bajadas se harán en dos fases.”En el año electoral uno y en el año electoral dos”, ha dicho.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, ha asegurado que el Gobierno no modificará la estructura dual del impuesto ni reducirá las diferencias que existen entre rentas de capital y rentas del trabajo, puesto que también moderará las primeras.El sistema dual diferencia el tratamiento de las rentas obtenidas de los rendimientos del ahorro y del capital (dividendos, fondos, intereses, plusvalías participaciones…) y el procedente de las rentas del trabajo. La idea del Ejecutivo pasa por acentuar esta diferencia. En 2012 el Gobierno aumentó el gravamen para los rendimientos del capital mobiliario estableciendo un modelo progresivo que va desde el 21% al 27%.

Bravo ha lamentado que el Gobierno haya optado por mantener el sistema de módulos para varios sectores económicos dejando fuera a algunos como los autónomos dependientes.El ministro de Hacienda confirmó ayer lunes a las organizaciones patronales y de autónomos que limitará el sistema de estimación objetiva para el IRPF y el IVA [pagan en función de parámetros como el consumo eléctrico, los metros cuadrados del local o el número de empleados…] para aquellos con relación directa con el consumidor final. Es decir, quedarán excluidos aquellas empresas vinculadas al sector de la construcción y al transporte de mercancias, tradicionalmente vinculados con nichos de fraude fiscal.

Montoro también ha trasladado a los sindicatos su intención de bajar el Impuesto de Sociedades del 30% al 25%. Los representantes de los trabajadores creen que esto beneficiará sobre todo a las grandes empresas. Aunque la doctrina fiscal no habla de progresividad en el impuesto sobre sociedades sino más bien en el IRPF.

Méndez ha dicho que le da la impresión de que el Gobierno no tiene intención de tocar los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco. Los sindicatos han hecho una valoración general de los planteamientos del ministro, pero han resaltado la importancia de esperar a conocer la letra pequeña para valorar cada cambio.

Los sindicatos han lamentado que el Gobierno inscriba esta reforma en un escenario de “intensificación de la recuperación económica” que genera varias dudas y que no permite fiar el aumento de la recaudación al tirón económico.

A su parecer, habría que trabajar en un escenario de mayor ambición recaudatoria mejorando la lucha contra el fraude fiscal con un aumento del número de efectivos de la Agencia Tributaria. De la misma forma, ha resaltado la necesidad de potenciar el crecimiento desde el consumo a través de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Según Méndez, los salarios deben tener más protagonismo en la recuperación.

Bravo, por su parte, ha resaltado la importancia de que el Gobierno realice una verdadera reforma estructural y no un cambio para la coyuntura y para el periodo electoral que se avecina. A su parecer, el Gobierno ha planteado una reforma que pretende afrontar la atonía de la demanda interna con una bajada de impuestos directos y sin variar los indirectos, algo que puede resultar “regresivo”.

Tal y como ha explicado Bravo, la norma será enviada en julio al Congreso y su tramitación se alargará hasta noviembre, por lo que han pedido al ministro que abra cauces de información y contacto con los sindicatos para aportar sus propuestas.

(elpais.com 17.06.14)

• En referencia a la propuesta de legalizar prostitución y drogas blandas

• Responden que implicaría dar carta de naturaleza al tráfico de personas

• Proponen que sea delito fiscal defraudar más de 50.000 euros

Si por la mañana los inspectores de Hacienda proponían abrir un debate para legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas, por la tarde los técnicos de la Agencia Tributaria han salido al paso de la idea y han defendido que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio”.

En un comunicado, Gestha señala que con el pago de impuestos se estarían blanqueando actividades ilícitas y agregó que éstas “deben perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en la materia, es la práctica mayoritaria”.

En cambio, los técnicos proponen como alternativa perseguir el que es, según ellos, el primer foco de la evasión fiscal: las grandes empresas y patrimonios, y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Tributaria.

El secretario general de la organización, José María Mollinedo, aseguró que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal”.

Delito a partir de los 50.000 euros

Por otra parte, rechazaron la propuesta de los inspectores de elevar el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros, desde los 120.000 euros actuales, para la suma de cuotas defraudadas.
Al contrario, reclaman que la barrera baje hasta los 50.000 euros defraudados por impuesto y año, el mismo nivel fijado para considerar delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.

De este modo, Gestha considera que la propuesta de los inspectores supondría un “aliciente” para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde actualmente hay tres.

Aseguraron además que la modificación anunciada por los inspectores implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos. “Ninguno de estos supuestos fraudes sería delito con la reforma de los inspectores”, sentenciaron.

(elEconomista.es 11.06.14)

Cuando falta poco más de una semana para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a la reforma fiscal, la Organización de Inspectores de Hacienda presentó un informe con más de 300 recomendaciones tributarias. Además de las propuestas habituales del colectivo, los encargados de luchar contra el fraude fiscal sorprendieron al reclamar que se abra un debate para legalizar la prostitución y las drogas.

Drogas y prostitución: medidas para lograr 6.000 millones

El presidente de los inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, señaló ayer que la prostitución o el tráfico de drogas blandas son actividades que pueden ser condenables socialmente, sin embargo, opina que es necesario abrir un debate sobre la conveniencia de legalizar totalmente sectores que actualmente no generan ingresos fiscales. Los inspectores señalan que, según un informe de los clubes de alterne, la prostitución mueve unos 18.000 millones y, en caso de tributar al 30%, permitiría al Estado recaudar 6.000 millones de euros. El colectivo de los inspectores abogó por el pragmatismo y señala que existe mucha “hipocresía” en torno a este tema.
Por otra parte, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo recordó las experiencias de países como Uruguay, que recientemente legalizó la marihuana.

Reformar el delito fiscal para que los grandes evasores vayan a la cárcel

Para los inspectores, la reforma fiscal debería incluir medidas para que los grandes evasores fiscales ingresen efectivamente en prisión. El Código Penal vigente ya contempla penas de cárcel para los contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal, sin embargo, los inspectores recuerdan que raramente se produce la entrada en prisión cuando no existen antecedentes penales y se abona la deuda tributaria. La organización dedicada a perseguir el fraude propone la supresión del “atenuante de reparación del daño”. Los inspectores recordaron “casos recientes de jugadores de fútbol”. Sin citarlo, se referían a Leo Messi, el futbolista argentino del F. C. Barcelona, que recientemente fue imputado por delito fiscal. 

También proponen reformar la figura jurídica de la “excusa absolutoria”, que permite eludir la vía penal a los contribuyentes que voluntariamente, y sin mediar requerimiento previo de la Agencia Tributaria, reconocen un engaño a Hacienda. En su propuesta, la excusa absolutoria sería un atenuante, pero no impediría la apertura de un juicio por la vía penal. También recomiendan que los inhabilitar a los altos cargos imputados y que se encuentran en un proceso judicial.
Actualmente, existe delito fiscal cuando la cuota defraudada por impuesto y año supera los 120.000 euros. Los inspectores proponen elevar ese umbral a 600.000 euros para evitar la actual saturación en los juzgados y para que, junto con las otras medidas propuestas, los delitos graves comporten “el ingreso en prisión automático”. Además, piden que el umbral de los 600.000 euros de delito fiscal se determine con la suma de cuotas defraudadas, con independencia de que procedan de ejercicios e impuestos distintos.

Suprimir los billetes de 500 euros y limitar los pagos en efectivo

La utilización del dinero en efectivo es uno de los indicadores que sugiere la existencia de actividades no declaradas. El colectivo de inspectores de Hacienda propone diversas medidas. La más drástica y que requeriría un acuerdo en Bruselas pasa por suprimir los billetes de 500 euros. España, especialmente durante el boom inmobiliario, fue el país donde más papel de alta denominación se movía. En la compraventa de viviendas no era raro encontrar casos en que una parte del precio se abonaba en negro y metálico.
Abogan por impulsar los pagos electrónicos con el objetivo de que las operaciones dejen un rastro y ampliar más las restricciones de los pagos en efectivo. Actualmente, la legislación prohíbe pagar en metálico compras superiores a 2.500 euros cuando una de las partes es una empresa o profesional.

Pagar a confidentes y permitir que los inspectores actúen de incógnito

Son dos propuestas que realizaron con anterioridad y que también se han incluido en el informe entregado ayer. El colectivo de los inspectores de Hacienda reclama que el Gobierno permita que la Agencia Tributaria pague a confidentes para descubrir fraudes y delitos fiscales. Por otra parte, también solicitan actuar de incógnito. Actualmente, lo primero que debe hacer un inspector de Hacienda al acudir a un comercio o empresa es identificarse. En su opinión, su trabajo resultaría más eficiente si pudieran en ocasiones husmear en negocios sin identificarse.

Atajar el fraude en el hogar

Los inspectores proponen una medida que también está siendo barajada por Hacienda y que supondría aplicar ciertas deducciones a los gastos domésticos. La idea es que el sueldo del personal doméstico o la contratación de servicios de, por ejemplo, fontanería, sean desgravables. Con ello, los contribuyentes tendrían el incentivo de reclamar siempre la factura, lo que atajaría el tradicional con IVA o sin IVA.

El colectivo también reclama suprimir totalmente o reformar en profundidad el llamado sistema de módulos por el que pueden tributar autónomos y pequeñas empresas. En su opinión, este sistema facilita la generación de facturas falsas. En el mismo sentido, reclaman eliminar el régimen simplificado en el IVA.

Sicav y ETVE

Las Sicav, vehículos de inversión que utilizan las grandes fortunas y que tributan al 1% en el impuesto sobre sociedades, son controladas por la CNMV. Los inspectores reclaman que esa labor vuelva a la Agencia Tributaria, una competencia que tuvieron hasta 2005. También abogan por suprimir las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Lucha contra el fraude internacional

El colectivo de los inspectores de Hacienda reconoce que la lucha eficaz contra el fraude fiscal internacional debe proceder de la mayor cooperación entre países. En cualquier caso, piden medidas internas como que España no reconozca la personalidad jurídica de empresas que operan en paraísos fiscales.

(cincodias.com 11.06.14)

Hacienda rebajará la retención en el IRPF a los profesionales del 21% actual al 19% y creará un tipo nuevo reducido del 15% para aquellos profesionales con menos rentas, de perfil mileurista, en la reforma fiscal que ultima, según fuentes conocedoras del proceso. Esta medida acompaña a la bajada del IRPF que prepara el Fisco que será, junto a las del Impuesto sobre Sociedades, «sustancial», según ha subrayado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La rebaja de las retenciones a los rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias aliviará a autónomos y profesionales, que han visto su actividad seriamente mermada en la crisis. Además, incluye un nuevo tipo para contribuyentes con ingresos bajos, lo que introducirá progresividad en la tarifa. El número de autónomos en España ascendía en enero a tres millones.

En el Real Decreto-ley de recortes de julio de 2012 en el que se eliminó la paga de Navidad de los funcionarios y se subió el IVA, el Gobierno elevó del 15% al 21% la retención en el IRPF por rendimientos de actividades profesionales a partir del 1 de septiembre de ese año.

En ese momento dijo que esta subida era temporal, y aseguró que en 2014 la rebajaría al 19%. Sin embargo no ha sido así y en estos momento la retención a los profesionales permanece en el 21%.

Las organizaciones de autónomos calcularon entonces que entre el alza del IVA y de las retenciones, los autónomos pagarían de media unos 1.100 euros adicionales cada año en su factura fiscal.

Esta medida compensará la limitación del régimen de módulos que también prepara Hacienda, cuentan las mismas fuentes (ver información adjunta), que afecta a unos 500.000 autónomos y que, aunque en las últimas fechas se ha suavizado respecto a los planes que manejaba el Fisco, puede sacar del sistema a cerca de la mitad del colectivo.

A estas medidas se suma que el Gobierno quiere que la contratación de servicios domésticos desgrave en el IRPF para incentivar el afloramiento de economía sumergida. Esta medida, que llevaría a empleadas del hogar, médicos a domicilio, cuidadores, fontaneros, pintores o albañiles a utilizar factura se enmarcaría dentro del plan de Hacienda de mejoras en la tributación de las familias en la reforma fiscal que presentará en marzo, según fuentes conocedoras del proceso.

Se trata de una medida que Hacienda ultima y que han propuesto el presidente de CEOE, Juan Rosell, y las federaciones de autónomos para acabar con parte de la economía sumergida y lograr incrementar los ingresos del Estado. Rosell ha explicado que se trata de una fórmula de éxito en Europa. Bélgica, Suiza o Francia, por ejemplo, aplican este modelo.

Sobre las empleadas del hogar, la desgravación del empleador en el IRPF que prepara Hacienda podría servir –a pesar de las multas– de acicate último a la regularización de quienes no se acogieron al plan que lanzó Zapatero y que acabó en junio de 2012 con el afloramiento de más de 300.000 empleadas domésticas, la mitad de las que se calcula que trabajan en los hogares españoles.

El Ejecutivo ha incrementado en las últimas semanas la ambición de la reforma fiscal, cuyas primeras líneas se conocerán el 13 ó 20 de junio, porque lo permiten los datos de la recuperación, que doblan las perspectivas de crecimiento, y ante los pobres resultados que ha cosechado el PP en las elecciones europeas.

De momento, la rebaja deSociedades será del 30% al 25% en dos fases, como adelantó EXPANSIÓN el 30 de mayo, y Hacienda va a incrementar la rebaja del IRPF que prepara para la reforma fiscal de los 5.000 millones previstos a cerca de 7.000.

(expansion.com 09.06.14)

La indemnización del despido pasará a tributar en el IRPF, según trasladan fuentes conocedoras de la reforma fiscal que ultima el Gobierno. Este gravamen se aplicará a partir de un mínimo exento, trasladan las mismas fuentes, con el fin de limitar las deducciones y compensar la rebaja del impuesto, que será “sustancial”, según ha subrayado Mariano Rajoy.